Artículos de opinión Opinión

Acortar los plazos de concesión de licencias de obra y actividad.

   Diego R. Gallego Fdez.-Pacheco

En los programas de los partidos políticos para las elecciones municipales, es frecuente encontrar promesas o intención de acortar los plazos de varios meses, que es lo que cuesta obtener las licencias de obras y de apertura de establecimientos. Por regla general no se consigue.

También los legisladores estatales y autonómicos han intentado reglamentar y establecer plazos máximos de 2 o 3 meses para el otorgamiento de las licencias, e incluso han introducido figuras como la de la “licencia exprés” o se le ha querido dar una mayor aplicación al silencio administrativo. Sin embargo, tampoco por esas vías se han obtenido los resultados pretendidos.

    Es tal la burocracia de nuestras administraciones, la complejidad normativa y a veces el innecesario rigor con el que se aplica,  la escasa dotación de los servicios técnicos municipales, la excesiva carga de trabajo a la que se les somete, y la todavía ineficaz administración electrónica, además de la dificultad a renunciar a trámites obsoletos, como por ejemplo, la correspondencia con acuse de recibo, que finalmente, aunque se tenga el propósito de acortar los plazos, no hay posibilidad real de hacerlo.

En los casos en los que además de los informes de los servicios urbanísticos municipales, es necesario algún informe sectorial preceptivo de otras administraciones (Patrimonio, Medio ambiente, Protección contra Incendios, Confederación Hidrográfica, Carreteras, Adif…), y como consecuencia de la mala coordinación entre departamentos municipales y entes supramunicipales, los trámites pueden alargarse de un modo desesperante para el ciudadano que solicita la licencia.

Los dilatados plazos para obtener una licencia, en ocasiones provocan que la persona que decide emprender una actividad desista de hacerlo, ya que es inviable alquilar un local y pagar el alquiler durante varios meses sin poder ejercer la actividad por la lenta tramitación de las autorizaciones.  También hay personas que por las dificultades, complicada y larga tramitación para poder construir una vivienda, opte finalmente por soluciones más inmediatas (vivir en la casa familiar, compra de segunda mano…). Estas cuestiones, sin duda, frenan la deseable actividad económica y la creación de empleo. Habría que trabajar para agilizar estos trámites insufribles, dotando las plantillas de los servicios técnicos conforme a las necesidades reales, mejorando la comunicación entre administraciones intervinientes, con una coordinación eficaz y aprovechando al máximo las posibilidades de las nuevas tecnologías.

 

                                                                      

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