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El lío del Impuesto de las hipotecas

J.I. Sánchez de la Blanca

Menudo lío que tenemos con el impuesto de las hipotecas, más reacciones que ni en las peores películas de sobremesa de los fines de semana. Este año llevamos tres resoluciones sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Tres resoluciones con soluciones diferentes y por tanto creando una “inseguridad jurídica” que en un país “serio” como el nuestro, no debía de producirse.

Todo empezó el día 28 de febrero de este año, siguiendo los criterios desde el año del nacimiento de este impuesto, la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció que es el cliente quien debe sufragar el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimonial y Actos Jurídicos Documentados. Aunque eso sí, establecía que algunos gastos, debían ir por partes iguales, como los documentos notariales…

Todo marchaba con relativa tranquilidad, pero si bien es cierto, sabiendo que todos estábamos esperando a una fecha, que era octubre. Sabíamos que había una sentencia que iba a salir pero no imaginamos  por dónde se fallaría. Llegamos a la fecha de 18 de octubre en el que esta doctrina se derrumba, creando una marejada judicial sin precedentes en España. En este caso, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cambió la interpretación por la que las entidades financieras son las que deben pagar el impuesto sobre las hipotecas.

Como sabemos, hubo momentos de incertidumbre, no solo en las propias entidades financieras, sino en las administraciones autonómicas, ya que son ellas las receptoras del impuesto y serían ellas las que debían de devolver el dinero a los clientes por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, y posteriormente requerir a la entidad financiera el pago. Pero eso sí, siempre y cuando que el procedimiento no hubiera prescrito, que como saben el plazo máximo para reclamar la administración tributaria es de cuatro años. Por tanto, existía un riesgo real de crear un agujero en los presupuestos autonómicos considerable, y por ende, a los presupuestos del Estado.

Con toda esta presión, bursátil, social, política, empresarial y judicial, el Tribunal Supremo, paralizó la sentencia para revisarla en un pleno que se celebró durante los días 5 y 6 de noviembre. El Supremo, volvió a cambiar al criterio original, por el cual, el cliente es el que asume el importe del impuesto.

A todo esto, el 8 de noviembre un nuevo Real Decreto del Gobierno, aprueba que el pago del impuesto recaerá, otra vez en los Bancos y a su vez, no podrán deducírselo en sus impuestos de sociedades.

Y para inri, las comunidades autónomas que son las receptoras de estos impuestos, al comprobar que serán los bancos los sujetos pasivos de los impuestos, están planteando eliminar las bonificaciones existentes.

Todo esto ha sido el relato de unas decisiones judiciales y políticas, dando una imagen atropellada y de incertidumbre. Pero ahora vamos a ver con más detalle este impuesto y en qué puede afectar esta situación.

Lo más probable es que los gastos hipotecarios se encarezcan aún más

Debemos empezar por el principio, ¿Qué es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados?

Este impuesto es competencia de las comunidades autónomas, y el tipo de gravamen va en función de las mismas, así podemos encontrar unas diferencias entre autonomías de entre el 0.5 al 1.5 por ciento del importe de la hipoteca.

¿Cuándo el banco, hasta ahora pedía una provisión de fondos para los gastos de la hipoteca, para qué era?

El banco cuando pide la provisión de fondos es para pagar, entre otros gastos como Notaría, Registro de la Propiedad, Gestoría, pero también paga en nombre del cliente este Impuesto. Por tanto, lo paga a la Comunidad Autónoma competente y no forma parte de sus ingresos bancarios.

¿Siempre ha sido así, que el impuesto lo paga el cliente?

El impuesto fue creado en 1995, y desde entonces, siempre ha existido esta obligación de pago por parte del cliente. Hasta este año, en octubre que todo ha cambiado.

¿Pero qué ha pasado para cambiar un criterio que viene desde el año 1995?

El cambio se ha debido a que el Tribunal Supremo, estima que el máximo favorecido de una hipoteca es el banco y que por esa razón debe pagar el impuesto.

¿El periplo judicial ha terminado?

Ni mucho menos, ya que se ha anunciado recurso.

¿Subirán los gastos de la constitución de la hipoteca?

Mucho me temo que sí, ya que es un gasto no deducible para las entidades financieras. Éstas, como es su obligación con sus accionistas, buscarán distintas formas jurídicas y económicas por la cual disminuyan ese impacto económico en sus cuentas, e incluso conseguir un mayor margen de beneficio que hasta ahora no lo contemplaban, como puede ser, una variación de los tipos de interés, aumento de comisiones….

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