Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil y Concepción Moya García.

El juicio, realizado por el sistema de jurado, tuvo lugar el 12 y el 13 de noviembre de 1912, en la audiencia de Ciudad Real. El tribunal estaba compuesto por los magistrados Campos Moro, Arboleya y Martínez, actuando el primero como presidente, el fiscal era de la Escosura y el abogado defensor, Julián Arredondo. Poco antes del comienzo del juicio, los accesos al Palacio de Justicia estaban abarrotados de gente, y custodiados por parejas de la guardia civil a pie y a caballo, que intentaban contener a la multitud.

     El juicio comenzó con el interrogatorio de los acusados. “Cañamón” reconoció los hechos y relató cómo llevaron a cabo el crimen, e indicó que él y “Borguetas” se fugaron del penal de Ceuta en momentos distintos, reuniéndose en la casa de este último. “Borguetas” declaró haberse fugado de Ceuta el 10 de agosto, que no conocía al resto de los acusados, y negó su participación en los asesinatos. Afirmó haber pasado esa noche en Tomelloso, cenando en casa de “Pajarillas”, no cambiando su declaración a pesar de la insistencia del fiscal y las pruebas presentadas.

     El “Portus” y José Bolaños también negaron todo, afirmando que no conocían la casa de los asesinados. El segundo alegó que había firmado su confesión forzado por los golpes. La mujer y la cuñada de Bolaños contestaron durante los interrogatorios lo contrario de lo que aparecía en sus declaraciones, denunciando que las habían firmado bajo presiones. El fiscal les recordó que incurrirían en un delito si no declaraban la verdad.

     Por la tarde se interrogó a la mujer de “Pajarillas”, que dijo no saber nada del asunto, y que su marido no estuvo en su casa la noche de 22, mientras que a la mañana siguiente encontró en la cuadra de su casa a “Cañamón” y “Borguetas”. Después pasaron por el estrado Luís Rodríguez y Ricardo Roncero, dueño y dependiente de una tienda, que compraron la ropa robada a las víctimas; Pedro José Velasco, médico que atendió a “Cañamón”; Alfonso Maeso Alcolea, jefe de la policía; Simón Bolaños, amigo de Doroteo que descubrió los cadáveres, y dos mujeres en cuya casa bebieron los acusados unos vasos de vino. También se leyeron las declaraciones de la persona que encontró la ropa de los acusados y del inspector de policía Juárez.

     El día siguiente continuaron los interrogatorios de testigos, presentando a continuación las pruebas documentales: el reconocimiento de la casa, los resultados de la autopsia, las pruebas periciales, las diligencias realizadas y los antecedentes penales de los acusados.

     Para finalizar, el fiscal y el defensor leyeron sus informes, solicitando el primero un veredicto de culpabilidad por asesinato con los agravantes de alevosía, premeditación, reincidencia, nocturnidad y allanamiento de morada, mientras que el segundo afirmó que no había pruebas, solicitando su absolución. A continuación, el presidente del tribunal realizó un resumen, que fue calificado como acertado e imparcial.

     Aunque terminaron a horas avanzadas de la noche, el jurado se retiró a deliberar. Una hora más tarde, emitió un veredicto de culpabilidad reconociendo todos los agravantes presentados. El fiscal solicitó la pena de muerte para los cuatro acusados, siendo esta la condena emitida por el tribunal. “Cañamón”, “Borguetas” y Bolaños escucharon impasibles la sentencia, al contrario que Portugués, que mostró una fuerte emoción durante su lectura[1].

     El viernes, 17 de abril de 1914, casi un año y medio después, comenzaron a correr rumores de que la ejecución era inminente, confirmándose el lunes 20 que dos días después se llevaría a cabo. El mismo día llegaron dos verdugos, procedentes de Madrid y Burgos, así como seis parejas de guardias al mando de un teniente, para reforzar la seguridad.

     A partir de ese momento comenzaron las peticiones de perdón, enviando el obispo y el alcalde de Ciudad Real telegramas al rey y al presidente del consejo de ministros, solicitando la conmutación de la pena de muerte por la de cadena perpetua. El martes a mediodía entraron los reos en la capilla, donde permanecieron las 18 horas anteriores a su ejecución, acompañados por varios sacerdotes y 24 hermanos de la Paz y Caridad, que se turnaron durante todo el tiempo de espera.

     Ante la falta de respuesta a sus telegramas, el martes por la mañana partieron en tren hacia Madrid el obispo Javier Irastorza y el presidente de la Diputación, Antonio Criado, a los que se sumaron en la capital el ministro Gasset y los diputados Gutiérrez de la Vega y González Llana, reuniéndose con el presidente del gobierno, Eduardo Dato, y el ministro de Gracia y Justicia, Francisco Javier González de Castejón, a los que solicitaron el indulto de los reos. Sus gestiones fueron acompañadas de numerosos telegramas enviados por asociaciones obreras, benéficas y de prensa, así como de la Cruz Roja de Ciudad Real.

     Ese mismo día a las doce del mediodía fue leída la sentencia a los presos por el secretario y el oficial de la audiencia. En ese momento se abrió la puerta del Perdón de la iglesia de San Pedro, en Ciudad Real en la que se instaló un altar con el Cristo de los ajusticiados, una tradición que se realizaba cuando se iba a ejecutar una pena de muerte. La cruz de la imagen tenía numerosas estaquitas, faltándole veinte de ellas, tantas como el número de personas ajusticiadas.

     Las gestiones realizadas consiguieron arrancar al gobierno el indulto de dos de los presos: Francisco Portugués y José Bolaños, no así de los dos reincidentes, Orencio Peinado “Cañamón” y Miguel Galindo “Borguetas”, a los que se les confirmó la pena. La noticia del perdón llegó a la prisión la noche del 21. Al comunicársela a los indultados se les separó de los otros dos condenados, para evitarles mayor sufrimiento.

     A las doce de la noche, entró el último turno de acompañantes, formado por el secretario de cámara del Obispo, Pedro J. Menchén, el párroco y el coadjutor de San Pedro, Emilio Morales y Román Carrizo, un padre jesuita y cuatro hermanos de la Paz y Caridad. A las cuatro de la madrugada se celebró la misa, y a las seis comenzó la ejecución con garrote vil, en primer lugar de Orencio Peinado y a continuación de Miguel Galindo, destacando la devoción con la que este último besaba una estampa de la Virgen de Peñarroya, que le entregó el padre Menchén.

     Una vez realizadas las ejecuciones, los médicos reconocieron los cadáveres, y el verdugo más antiguo se dirigió al representante de la justicia, pronunciando la frase de rigor: “Señor Secretario. La ley está cumplida, sin novedad”. A continuación, comenzaron a tañer las campanas de San Pedro[2].

     En esta ocasión, teniendo en cuenta la crueldad del crimen y que dos de los condenados no eran de la localidad, en Manzanares no hubo ninguna movilización a su favor, centrándose las peticiones de indulto en la capital. No pudieron salvar a los cuatro condenados, al ser dos de ellos reincidentes y haber cometido doce años antes un crimen similar, con una mujer asesinada en el Pozo de la Serna. “Cañamón” y “Borguetas” pagaron con su vida, el cumplimiento de una justicia que todavía aplicaba la norma que equiparaba el castigo con el crimen cometido, “ojo por ojo y diente por diente”, y que tardaría todavía muchas décadas en ser erradicada de la legislación española.

[1] El Pueblo Manchego, 13 y 14 de noviembre de 1912; El País, 15 de noviembre de 1912.

[2] El Pueblo Manchego, 20, 21 y 22 de abril de 1914; El Correo Español, El País y La Correspondencia Militar, 20 de abril de 1914; El Siglo Futuro, La Época, El Heraldo Militar y La Correspondencia de España, 21 de abril de 1914; El Día de Madrid, La Mañana y El País, 22 de abril de 1914; La Época, 23 de abril de 1914.

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