Concepción Moya García y Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil

Cuando el acusado fue interrogado por el tribunal, contó las agresiones que había sufrido, negó haber dicho que mataría al guardia Hornero y justificó el desarme a los dos guardias jurados porque le perseguían, citando algunos hechos que había obviado en su primera declaración prestada al teniente Alderete, lo que justificó porque en ese momento “no tenía la cabeza en buen estado”.

Al mediodía se produjo un descanso, reanudándose la sesión a las tres de la tarde. El fiscal modificó sus conclusiones, retirando las acusaciones de resistencia a la fuerza armada por los hechos del corral de “la Retamosa”, aunque mantuvo la solicitud de pena de muerte y una indemnización de 1.000 pesetas para la viuda del guardia Hornero. El tribunal se retiró a deliberar, no haciéndose pública la sentencia hasta varios días después, tras ser remitida en pliego cerrado al capitán general de la zona, siendo condenado a pena de muerte y una indemnización de 2.000 pesetas.

El 10 de julio se celebró la vista del consejo de guerra en la Sala de Justicia del Tribunal Supremo de Marina y Guerra para confirmar o revisar la pena impuesta en el consejo de guerra ordinario celebrado en Ciudad Real. El tribunal estaba formado por el teniente general Santiago como presidente, el vicealmirante Auñón y los generales de división Manrique de Lara, Terán y Cortés, actuando como consejeros togados los señores Jiménez Carrasco y Conejos. El abogado defensor fue de nuevo el capitán Alfonso Martínez Campos, que tras un brillante alegato, solicitó que se rebajara la pena a un grado inferior, mientras que como teniente fiscal actuó el coronel Cesar Buceta, que se conformó con la pena impuesta, la cual acabó siendo ratificada por el tribunal1.

Una vez confirmada la sentencia, se inició una campaña a favor del indulto, marchando de Manzanares una comisión hacia Madrid, con una petición apoyada por las autoridades civiles y judiciales, el clero y el pueblo. El periódico de Ciudad Real “El Pueblo Manchego” inició una activa campaña a favor del reo, respaldada por la prensa de todo el país. El 13 de julio se produjo una imponente manifestación de vecinos de Manzanares de todas las clases sociales frente al ayuntamiento, para apoyar las gestiones de su alcalde, paralizando las industrias sus trabajos en solidaridad. El alcalde llegó a pedir al resto de pueblos de la provincia que le apoyaran en su solicitud, sumándose a ella el ayuntamiento de Ciudad Real y numerosas poblaciones.

Las peticiones de indulto fueron muy numerosas, llegando a dirigirse cientos de telegramas al presidente del gobierno en ese sentido, destacando entre ellos los del Obispo de Ciudad Real y el de la redacción de “El Pueblo Manchego”, contestando el presidente del gobierno al primero: “Recibido su telegrama y bien desearía atenderlo pero no oculto que tratándose del fuero de Guerra es asunto difícil”, mientras que la respuesta al periódico fue más clara y directa, indicando que si se tratara del fuero civil la resolución hubiera sido favorable, pero “tratándose del fuero militar nada puedo ofrecerle”.

El presidente del gobierno, José Canalejas, se negaba a conceder el indulto para evitar enfrentarse a los militares, pese a que el ministro de Fomento y diputado por la provincia de Ciudad Real, Rafael Gasset, lo apoyaba. Canalejas dejó el asunto en manos de su ministro de Guerra, el general Agustín de Luque, el cual parecía poco favorable al indulto, pues ya había dado la orden para desplazar al verdugo y las fuerzas necesarias para asistir a la ejecución.

Para desbloquear la situación, el obispo de Ciudad Real, Remigio Gandásegui, decidió viajar hasta Santander donde se encontraba el rey a punto de salir de viaje para Inglaterra, solicitando una audiencia especial con el monarca. El 21 de julio fue recibido a bordo del yate “Giralda” a las doce y media de la mañana, mostrándose Alfonso XIII proclive a sus peticiones. Tras la entrevista envió un telegrama a Canalejas informándole de su deseo de ejercer su prerrogativa de indulto con el preso, si no había ningún obstáculo por parte del gobierno. Ante la petición real, ya no hubo excusas posibles, por lo que Canalejas confirmó el indulto que convertía la pena de muerte en cadena perpetua.

La noticia del perdón llegó a la sede de “El Pueblo Manchego” en un telegrama de Valero Caudevilla, mayordomo del obispo, que fue confirmado poco después por otros dos procedentes de Santander, uno de ellos de un periodista del “Diario Montañés”. De inmediato el redactor del periódico, Francisco Sastre Moreno, se dirigió a la cárcel donde se entrevistó con el jefe de la prisión Mariano Calzado, que en ese momento recibió la confirmación telefónica del indulto por parte del gobernador civil de la provincia.

El redactor y el jefe, acompañados por otros empleados de la prisión, junto con el mayordomo del Obispo, el párroco de San Pedro, Emiliano Morales, y el jefe de la policía urbana, Sr. Pacheco, se dirigieron hasta el calabozo donde se encontraba el detenido, que estaba situado en el patio de la prisión. Allí le dieron la noticia del perdón y de las gestiones realizadas por el obispo para conseguirlo, lo que provocó escenas de júbilo entre el resto de los presos. El cumplimiento de la pena estaba previsto para ese mismo día, y el verdugo que se desplazaba desde Albacete, se volvió en Alcázar de San Juan.

Al conocerse la noticia, la banda municipal de Ciudad Real recorrió las calles de la capital, acompañada de más de mil personas que vitoreaban al rey y al obispo, mientras que las campanas de la catedral y de las iglesias fueron echadas al vuelo, al tiempo que se lanzaban cohetes para celebrar la noticia. A la cárcel llegaron numerosos regalos para Ramón, y a las siete de la tarde se le notificó oficialmente el perdón por parte del juez instructor, Jacinto Pérez. Hasta bien avanzada la noche, la gente se agolpó en los alrededores de la cárcel para celebrarlo.

En Manzanares, que se encontraba en fiestas, el telegrama fue llevado al ayuntamiento por un operario de telégrafos, que también informó a la madre del reo. El alcalde, Antonio Rubio aprovechó que ese día se celebraba la corrida de toros, para leer el telegrama desde el palco presidencial de la plaza, lo que provocó la alegría entre los asistentes, que aplaudieron puestos en pie, al tiempo que la banda de música interpretaba la marcha real2.

El caso de Ramón Clemente fue un alegato del pueblo contra la pena de muerte, y cómo las circunstancias de pobreza y necesidad de un hombre sin estudios ni medios de subsistencia, maltratado por practicar el furtivismo, fueron los detonantes que desencadenaron el trágico desenlace, sin que el acusado pudiera ser tachado de criminal.


1 El Pueblo Manchego, 16 de mayo de 1911; La Mañana, 18 de mayo de 1911; El País, El Día y El Globo, 11 de julio de 1911.

2 El Pueblo Manchego, 12, 13, 14, 20 y 22 de julio de 1911; La Época, 21 de julio de 1911; La Correspondencia de España, 22 de julio de 1911.

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