Por Juan Ramón Morales

Jorge Bucay dijo que “Equivocarse es parte importante del aprendizaje pues sin equivocaciones no hay crecimiento”. Yo, después de una vida entera dedicada a la noble tarea de enseñar, creo que, por razones de edad, ya debo estar ‘pasado de moda’ en lo que se refiere a educación, aunque esto no me invalide para dar mi opinión al respecto, por eso empiezo con la frase de Bucay, si me equivoco, esto me hará crecer.

Siempre he mantenido que la inversión y los acuerdos en materia educativa deben ser a largo plazo y que los políticos deben llegar a los consensos necesarios para que una Ley educativa tenga una más longeva duración. En España, desde 1970, solo ha habido dos modelos educativos. El que puso en marcha Villar Palasí, que premió a los docentes con una merecida subida de sueldos, pero que hizo millonarios a Jesús Polanco y Francisco Pérez (dueños de Santillana) y la reforma de Maravall y Rubalcaba. Desde entonces estamos con variaciones sobre el mismo tema, sin que, al menos la mitad de la población, pueda haber contribuido con alguna idea en algo tan trascendental como es la educación en la vida de las personas.

El texto de la nueva Ley de Educación ha sido redactado con nocturnidad y alevosía, sin el más mínimo consenso, lo que supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación y sólo con esto ya se está insultando gravemente a la democracia, a pesar de que se diga tanto que hay dos sindicatos que están de acuerdo, cuando estos sindicatos no son mayoritarios en el sector de la enseñanza. A la altura que estamos del año, es decir a un mes del inicio del curso hay 17 planes para comenzarlo, uno por Autonomía, y no sé si la gravedad de la situación que el Covid-19 nos está haciendo vivir, permita a principios de mes dejarnos corroborar lo que aquí voy a decir y que sí esta haciendo que la Ministra del ramo se encuentre escondida, o en paradero desconocido.

Con esta Ley se asesta un duro golpe a la Enseñanza Concertada, cuando el Estado no está preparado para garantizar la educación sin su permanencia, ni tampoco con su desaparición. ¿Cómo se puede mantener un Colegio Concertado con 8 o 10 alumnos por clase (son los que quedarían tras llenar a reventar los públicos)? Sin concertada, ¿dónde se meterían los alumnos sobrantes (construyendo colegios, aumentando el gasto público, ¿más?) y haciendo desaparecer empresas, en este caso educativas)? Y es que esta Ley se está inventando el Derecho a la Educación Pública, cuando el único derecho reconocido es el de la Educación. No quiero decir que esta Ley elimine de facto la enseñanza concertada, pero por algo hay que empezar.

Pero lo grave del asunto es que, con la nueva Ley, vamos a tapar con errores aquellos errores que, al parecer, no nos gustan. No se actualizan los contenidos; no se aumenta la autonomía de los centros; no se consigue, tampoco se ha buscado, un mayor apoyo de los profesionales; no se vertebra el sistema educativo y por lo tanto se pierde la igualdad de oportunidades, estableciéndose diferencias significativas de una comunidad autónoma a otra.

Se está intentando imponer un sistema incongruente y anticuado con el que las aulas se convertirán en el lugar en que será fácil intentar el adoctrinamiento.

Se discrimina a la Religión como asignatura (cuando no es obligatoria) y se va a imponer el desprecio por ciertos valores como el esfuerzo, el trabajo, el mérito o la capacidad al dejar pasar el Bachillerato con asignaturas suspensas. Una vez más, igualamos por debajo.

 

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