Jesús Isidro Sánchez de la Blanca

Todos los cimientos de la sociedad, y como no, de nuestras empresas se están tambaleando por los efectos del Covid-19.

Parece que los datos sanitarios van siendo favorecedores y podemos ir pensando en dejar atrás esta situación e ir saliendo de nuestros confinamientos, tomando el pulso de nuevo a nuestra vida normal, nuestros trabajos. Pero, esta pesadilla no se va a quedar atrás tan fácilmente. Ahora las empresas van a tener que afrontar la “nueva realidad”, y van a tener que unirse para poder salir de las dificultades venideras, y poner las mejores dosis de inteligencia, voluntad y creatividad para tener mayores posibilidades de salir con los menos daños posibles.

¿Pero cómo deben afrontar esta “nueva realidad” las empresas?

Nadie tiene una la fórmula y por desgracia no depende solamente de la actitud de las empresas. Ya que vamos a tener una espada de Damocles encima de nuestras cabezas durante mucho tiempo, con el miedo de si va a haber o no otras oleadas o rebrotes de este dichoso virus. Y según los científicos…. Todo apunta a ello.

Las empresas van a tener distintos escenarios, que deben tener previsto de antemano.

Es indudable, que va a existir un número de personas que no van a tener trabajo, por los ertes, las conversiones a eres, quiebras….y eso va a conllevar que las familias, dosifiquen la cantidad de dinero que tienen mensualmente. Y, desde el punto de vista empresarial, las empresas van a tener un escenario de disminución de la demanda de sus productos, y una bajada de consumo de sus clientes y en el peor de los casos, la propia desaparición de sus clientes por no tener medios suficientes para poder realizar esas compras sin saber cuándo volverán de nuevo a sus empresas.

Pero, esto no va a afectar solamente a las empresas pequeñas en donde la mayor parte de sus clientes son las familias, esta crisis viene para estar tiempo entre nosotros, y las empresas medianas y grandes, también van a tener una disminución de la demanda, debido a que la economía es un todo, y todo y a todos nos afecta.

También las empresas deberán tener previsto otros factores que les va a afectar, y hablamos del otro escenario que por cada producto que vendan, el margen de beneficio que obtienen, lo van a reducir, debido a la falta suficiente de venta y como consecuencia, la rentabilidad que obtengan las empresas va a bajar considerablemente. La empresa se ha de organizar para este escenario desalentador.

Y el otro escenario al que nos está abocando esta nueva crisis económica, afecta a la tesorería de las empresas, y cuando hablo de este tema, hablo de la situación de ingresos y pagos. El índice de deudas y morosidad va a crecer a niveles similares o, por desgracia, como atestigua números estudios económicos, a niveles superiores a los de la crisis del 2008 que aun vivimos sus coletazos.

Un empresario, una empresa,…da igual el sector económico al que se dedique, debe anticiparse a esta nueva situación y analizar su estructura económica y comercial. Analizar a su vez, la capacidad de amoldarse a nuevos mercados y medios, analizar sus clientes y sus productos si les van a ser posibles generar beneficios para la subsistencia de la empresa y por tanto de sus trabajadores.

Se acerca una borrasca impredecible, son momentos de incertidumbre. Pero son momentos de analizar y prepararnos a posibles escenarios, sacar lo mejor de nosotros, ya que la previsión y la anticipación es el secreto de toda empresa para garantizar su futuro

Jesús Isidro Sánchez de la Blanca Romero Nieva

Son temas que no nos gusta hablar pero son necesarios conocer. Cuando todos pasemos por el doloroso trance de la muerte, nuestro patrimonio, nuestro dinero, nuestras deudas seguirán aunque nosotros no estemos, y pasarán a nuestros herederos.

Éstos van a tener un dolor por la pérdida de un ser querido, pero aparte deben realizar trámites que son muy duros y que la sensibilidad va a estar a flor de piel. Por esta razón, partiendo de la premisa de que nadie tiene control sobre su propia muerte y puede venir en cualquier momento, cada uno de nosotros, en un momento dado, deberemos preguntarnos  ¿Podemos facilitar a nuestros herederos ese momento tan difícil como es la herencia cuando ya no estemos?

Si fallecemos sin haber podido indicar quienes son nuestros herederos a través del testamento, la situación de la herencia es conocida como “ab intestato” y esto va a sumar a los herederos un dolor de cabeza, un trámite más, sin entrar en posibles disputas y evidentemente, más costos, sobre todo en los casos de no tener hijos.

Todos hemos oído términos como Testamento y Declaración de Herederos, pero pocos saben que diferencia hay, aunque puede parecer que son iguales, tienen funciones diferentes.

La diferencia fundamental es quien hace el acto. Así, en el testamento es el propio interesado que en vida nombra quien son los herederos en Escritura Pública ante Notario. Mientras que la declaración de herederos, de forma general puede hacer a través del Notario que en Escritura Pública el que dice quién son los herederos del fallecido.

La declaración de herederos, deberá ser solicitada por aquellas personas que se consideran beneficiarios de la herencia de la persona fallecida que no ha dejado Testamento. En dicha declaración, se tendrá en cuenta el orden de sucesión hereditaria que viene establecido por Ley.

Para hacer la declaración de herederos, aparte de cumplir requisitos notariales, deberá presentarse dos testigos que conozcan a la familia junto con el certificado de defunción, empadronamiento, de Última Voluntades, libro de familia…

El testamento es un trámite sencillo, en el que el interesado, explicará al Notario como desea repartir su patrimonio. En España, existen diversos testamentos, pero el más común es el denominado “Testamento Abierto”, y lo normal en los casos que el interesado está casado y con hijos, dejará a la pareja el usufructo y nombrará herederos a los hijos. Si es conveniente recordar que el testamento es un acto individual.

En el testamento, decidiremos cómo y a quién dejaremos nuestro patrimonio, aunque no es necesario concretar los bienes que dejaremos a cada uno de los herederos. Incluso se pueden constituir legados, que es aquel deseo del interesado en dejar a una persona concreta un bien determinado. También es posible designar en el testamento, otros actos como nombramiento de tutores de nuestros hijos menores en caso de fallecimiento.

Por eso es recomendable, en aras a facilitar más problemas a nuestros herederos el considerar realizar el testamento y ayudar a pasar este difícil trance.

 

 

 

 

 

 

Jesús Isidro Sánchez de la Blanca Romero Nieva

La ayuda por hijo a cargo es una prestación de la Seguridad Social que se puede obtener, cumpliendo una serie de requisitos, cuando se tienen hijos menores de edad o mayores con algún tipo de discapacidad.

Es una prestación un tanto desconocida y por eso queremos ayudarte a conocerla.

¿Qué es la prestación económica por hijo menor o por menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción?

Es una ayuda económica que se obtiene por los hijos que sean menores de 18 años. Aunque también puede tener derecho en los casos de mayores de edad siempre y cuando tengan una discapacidad igual o superior al 65%.

Pero antes de seguir, debemos comprender que entiende la normativa tener un hijo o un menor a cargo

La Ley establece que es un hijo o menor a cargo, aquel que conviva y dependa de forma económica del beneficiario de la ayuda.

Así, existirá dependencia económica, cuando conviva el hijo o menor conviva con el beneficiario.

En los casos que el beneficiario tenga rentas de trabajo o alguna otra prestación que sustituya al salario (pensión, paro….) que supere el 100% del Salario Mínimo Interprofesional no se entiende que el hijo o menor esté a cargo del beneficiario. Tampoco se entenderá que tiene un hijo o menor a cargo cuando sean beneficiarios de una pensión contributiva.

¿Si mi hijo estudia fuera y no vive conmigo, lo tengo a mi cargo?

Si, ya que la Ley indica que la separación transitorio debida a estudio, trabajo de los padres… no rompe la convivencia.

¿Cuánto es el importe de la ayuda?

Depende de la situación. En los casos de los hijos menores de 18 años, por cada hijo y de forma anual son 341 euros. En los casos que sean menores con discapacidad igual o inferior al 33 %, serán 1000 euros anuales. Y si el hijo es mayor de 18 años y con una discapacidad igual o inferior al 65 % serán 4704 euros y si es igual o superior al 75 % 7056 euros.

La ayuda por hijo o menor a cargo, puede ser solicitado en el caso de obtener unos ingresos inferiores a 12.313 euros.

¿Cuál es la duración de la ayuda?

Dura mientras se mantengan las condiciones que se exigen para poder obtener la ayuda. Así, se extingue esta ayuda en los casos de fallecimiento del hijo o menor, alcanzar en los casos establecidos la mayoría de edad, la desaparición de la discapacidad del hijo o menor, dejar de depender económicamente de los padres, superar los ingresos máximos.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para obtenerla?

Son varios requisitos que se han de cumplir, como son:

  • Residir legalmente en España
  • Tener menores o hijos a su cargo
  • No tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza.
  • No percibir ingresos anuales superiores a 12313 euros. Esta cuantía aumentará un 15 % por cada hijo o menor. En los casos de hijo o menor con discapacidad, no se exige este límite de ingresos.

¿Quién puede ser beneficiario?

Depende si conviven o no los padres. En el caso de convivir, los beneficiarios pueden ser cualquiera de ellos.

Pero si el caso es que no conviven, le pertenece el beneficio al progenitor que tenga la guarda y custodia del menor y conviva con él.

Si la situación es de custodia compartida, el beneficio se reconoce a ambos progenitores, y por tanto se repartirá la ayuda en función del tiempo que conviva el menor o hijo con cada uno de ellos.

¿Y si mi hijo tiene una pensión o trabaja, puedo tener derecho a esta ayuda?

Tendrá derecho siempre que su hijo no obtenga unos ingresos anuales que sobrepasen el 100% del salario mínimo interprofesional. También en el caso de obtener una pensión, si ésta es contributiva, la ley indica que no estará a cargo, salvo en determinadas pensiones que si es aceptado.

Jesús Isidro Sánchez de la Blanca Romero Nieva

La ayuda por hijo a cargo es una prestación de la Seguridad Social que se puede obtener, cumpliendo una serie de requisitos, cuando se tienen hijos menores de edad o mayores con algún tipo de discapacidad.

Es una prestación un tanto desconocida y por eso queremos ayudarte a conocerla.

¿Qué es la prestación económica por hijo menor o por menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción?

Es una ayuda económica que se obtiene por los hijos que sean menores de 18 años. Aunque también puede tener derecho en los casos de mayores de edad siempre y cuando tengan una discapacidad igual o superior al 65%.

La ayuda por hijo o menor a cargo, puede ser solicitado en el caso de obtener unos ingresos inferiores a 12.313 euros.

Pero antes de seguir, debemos comprender que entiende la normativa tener un hijo o un menor a cargo

La Ley establece que es un hijo o menor a cargo, aquel que conviva y dependa de forma económica del beneficiario de la ayuda.

Así, existirá dependencia económica, cuando conviva el hijo o menor conviva con el beneficiario.

En los casos que el beneficiario tenga rentas de trabajo o alguna otra prestación que sustituya al salario (pensión, paro….) que supere el 100% del Salario Mínimo Interprofesional no se entiende que el hijo o menor esté a cargo del beneficiario. Tampoco se entenderá que tiene un hijo o menor a cargo cuando sean beneficiarios de una pensión contributiva.

¿Si mi hijo estudia fuera y no vive conmigo, lo tengo a mi cargo?

Si, ya que la Ley indica que la separación transitorio debida a estudio, trabajo de los padres… no rompe la convivencia.

¿Cuánto es el importe de la ayuda?

Depende de la situación. En los casos de los hijos menores de 18 años, por cada hijo y de forma anual son 341 euros. En los casos que sean menores con discapacidad igual o inferior al 33 %, serán 1000 euros anuales. Y si el hijo es mayor de 18 años y con una discapacidad igual o inferior al 65 % serán 4704 euros y si es igual o superior al 75 % 7056 euros.

¿Cuál es la duración de la ayuda?

Dura mientras se mantengan las condiciones que se exigen para poder obtener la ayuda. Así, se extingue esta ayuda en los casos de fallecimiento del hijo o menor, alcanzar en los casos establecidos la mayoría de edad, la desaparición de la discapacidad del hijo o menor, dejar de depender económicamente de los padres, superar los ingresos máximos.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para obtenerla?

Son varios requisitos que se han de cumplir, como son:

  • Residir legalmente en España
  • Tener menores o hijos a su cargo
  • No tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza.
  • No percibir ingresos anuales superiores a 12313 euros. Esta cuantía aumentará un 15 % por cada hijo o menor. En los casos de hijo o menor con discapacidad, no se exige este límite de ingresos.

¿Quién puede ser beneficiario?

Depende si conviven o no los padres. En el caso de convivir, los beneficiarios pueden ser cualquiera de ellos.

Pero si el caso es que no conviven, le pertenece el beneficio al progenitor que tenga la guarda y custodia del menor y conviva con él.

Si la situación es de custodia compartida, el beneficio se reconoce a ambos progenitores, y por tanto se repartirá la ayuda en función del tiempo que conviva el menor o hijo con cada uno de ellos.

¿Y si mi hijo tiene una pensión o trabaja, puedo tener derecho a esta ayuda?

Tendrá derecho siempre que su hijo no obtenga unos ingresos anuales que sobrepasen el 100% del salario mínimo interprofesional. También en el caso de obtener una pensión, si ésta es contributiva, la ley indica que no estará a cargo, salvo en determinadas pensiones que si es aceptado.

Jesús Isidro Sánchez de la Blanca

A veces, las empresas, tanto de autónomos como las sociedades, tienen problemas para poder realizar el pago con la Seguridad Social pero quiere cumplir con sus obligaciones aunque por motivos de tesorería se lo impide.

Ante estas situaciones, lo más conveniente no es quedarse con los brazos cruzados y no realizar nada. Lo mejor es utilizar la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la deuda y así de esta manera ir pagándolo poco a poco.

¿Pero en todos los casos es posible solicitar el aplazamiento de deuda con la Seguridad Social?, seguro que ya saben la respuesta, pero como se habrán imaginado, no. Han de cumplirse una serie de requisitos que es conveniente tener en cuenta en el caso de necesitar solicitar el aplazamiento y no llevarse una desagradable sorpresa.

¿Todas las deudas con la Seguridad Social son aplazables?

Si vemos la normativa, establece que “cualquier deuda de Seguridad Social” podrá ser aplazada pero evidentemente no es así.

Una empresa, de forma general, las deudas con la Seguridad Social serán las cotizaciones sociales que se pagan de forma mensual y también puede tener otras deudas como son los recargos que puedan añadirse a las cotizaciones sociales.

Pero hay que hacer una mención en el concepto de cotizaciones sociales, ya que en éstas van englobadas diversas cantidades y algunas de ellas no son aplazables en ningún caso. Hablamos de las cuotas relacionadas con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y también, de las cantidades que ha pagado el trabajador en su nómina y que el empresario ha de ingresar. Las demás deudas, en principio, si podrían ser aplazadas.

Tengo problemas para afrontar el pago de los seguros sociales, y no sé qué documentación es necesaria ni cuándo solicitarlo.

En cuanto a la documentación, en primer lugar debe solicitarse en los modelos normalizados para ello, aportando la documentación relacionada con el reconocimiento de la deuda, y el justificante del ingreso de las deudas que hemos comentado anteriormente que son inaplazables.

El plazo para poder solicitar el aplazamiento puede realizarlo en cualquier momento desde que se inicia el plazo reglamentario de ingreso, es decir, incluso en el periodo voluntario de pago, o en vía ejecutiva.

¿Cuánto plazo puedo solicitar de aplazamiento?

El aplazamiento como máximo que puede conceder la Seguridad Social, como máximo es un plazo de 5 años.

¿Me exigirán algún tipo de garantía para solicitar el aplazamiento?

Depende de la cantidad de la deuda. En determinados casos, a partir de los 30.000 euros, si que se le exigirá algún tipo de garantía como puede ser un aval solidario a través de una entidad financiera o hipoteca inmobiliaria o mobiliaria o una fianza personal.

Debe tener en cuenta, que la garantía debe estar constituida en el plazo de 30 días naturales desde la notificación de la resolución.

¿Qué plazo existe para que me conteste la Seguridad Social a mi petición de aplazamiento de deuda?

La Seguridad social tiene un plazo de hasta 3 meses desde la recepción de la solicitud en el Órgano competente que debe tramitar la misma.

¿Qué efectos tiene la concesión del aplazamiento?

Reuniendo los requisitos que hemos estado viendo, y en el momento que se le ha concedido el aplazamiento, en primer lugar se producirá la suspensión del procedimiento recaudatorio de las deudas aplazadas y en segundo lugar, la empresa deudora se le considerará como que está al corriente de sus obligaciones con la Administración laboral.

Jesús Isidro Sánchez de la Blanca

Una nueva reforma de alquileres se ha aprobado recientemente. En los últimos años ha habido hasta tres modificaciones, con los problemas de interpretación que puede conllevar. Ya que por un lado, una norma rige los contratos firmados hasta el 19 de diciembre de 2018, otra norma rige los contratos firmados entre el 20 de diciembre de 2018 hasta el 23 de enero de 2019, pero los contratos firmados entre el 24 de enero de 2019 hasta el 5 de marzo de 2019, vuelve a regirse por la primera ley que hemos dicho. Y por último los contratos firmados desde 6 de marzo se regulan por este nuevo Decreto. ¿Se han aclarado? Pues si, eso pensamos todos, hay un lío bastante importante.

La duración de los contratos de alquiler es de 5 años a partir de esta nueva normativa

Con la enésima reforma de este sector, pretende el Estado que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos puedan realizar un impulso a los alquileres mediante políticas fiscales “controlando” los precios.

Aparte de este objetivo, se ha elevado a cinco años la duración de los contratos, pero todo esto hace que exista una extensa normativa en este sector, ya que esta modificación se aplicará a los contratos realizados a partir de la entrada en vigor del Decreto, es decir, desde Marzo de este año.

También se han modificado varias leyes y ha establecido algunas medidas de carácter más restrictivo.

Entre los puntos a tener en cuenta en esta nueva normativa tenemos: 

Duración de los contratos:

Hasta ahora el periodo que un inquilino podía estar en una vivienda arrendada eran tres años, sin contar posibles renovaciones. Desde marzo, el plazo sube a cinco años, y si el propietario de la vivienda es una empresa, el plazo sube a siete años.

En cuanto a las renovaciones, también se ha modificado, pasando las prórrogas tácitas de un año a tres años.

Preaviso:

El propietario que quiera recuperar el inmueble alquilado y el contrato está a punto de vencer (es decir cinco o siete años) debe comunicar al arrendatario con cuatro meses de antelación su intención de no renovar el contrato.

En cuanto al preaviso del inquilino al arrendador de no querer renovar el contrato, también se ha modificado pasando de un mes a dos meses de antelación.

Fianza:

Se ha establecido un límite máximo de dos mensualidades aparte de la fianza.

Subidas de precio:

Con la normativa que estaba vigente hasta ahora, se dejaba libertad de pacto en el contrato para regular el tipo de subida que se aplicaría en las rentas. Pero no podrá subir el alquiler mas de lo que se incremente el Índice de Precios al Consumo. Si hay una posibilidad de poder incrementar más, en los casos que exista un acuerdo previo con el inquilino en los casos de realización de obras de mejora durante el contrato.

Sistema estatal de índices:

En el Real Decreto, se establece la creación de un sistema estatal de índices de referencia de los precios de alquiler, por el que se tendrán los datos segmentados de los mismos. La pretensión es que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas puedan realizar políticas fiscales.

Desahucios:

Los procedimientos que llevan relacionados los desahucios también se ha modificado. Deben enviar los servicios sociales un informe a los Juzgados competentes comprobando la situación de las personas a desahuciar. Si son casos de escasa capacidad económica, cargas familiares… el procedimiento se paralizará durante un mes para buscar una solución.

Recuperación de la vivienda alquilada por el propietario

Durante los cinco años del contrato, el dueño del inmueble arrendado solo puede recuperarlo en los casos que necesite la vivienda para él mismo o su familia pero siempre que lo incluya en las cláusulas del contrato.

Es una modificación importante ya que anteriormente venía establecido por Ley y no era necesario que viniera reflejado en el contrato.

Jesús Isidro Sánchez de la Blanca Romero Nieva

Las empresas saben que desde el 12 de mayo, ha entrado en vigor el Real Decreto 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Ha habido un revuelo entre los trabajadores y las empresas de como llevar a cabo el control de ese registro diario de la jornada laboral, ya que en la propia norma no establece como se ha de llevar a cabo, y ha sido hasta el propio Ministerio de Trabajo quien ha publicado una guía para explicar, de forma genérica el cómo llevarlo a cabo.

Vamos a intentar hacer un breve resumen de algunos de los puntos de la nueva obligación que tienen todas las empresas con todos sus trabajadores.

¿Qué objetivo tiene este registro horario?

Busca el cumplimiento de los límites del horario de trabajo y un mayor control por parte de Inspección de Trabajo.

¿Qué sanción conlleva el no tener los registros de horarios?

Puede ser considerado una infracción laboral grave con una sanción que puede llegar a los 6250 euros.

¿Debo conservar la documentación concerniente a los registros diarios de la jornada?

Si, por un periodo mínimo de 4 años.

¿A  quién se aplica el registro horario?

Con la modificación realizada en el Estatuto de los trabajadores, el registro horario se aplica a todos los trabajadores, independientemente de su categoría, de su actividad y sin tener en cuenta el tipo de empresa, tamaño u organización.

Como ha indicado el Ministerio de Trabajo recientemente, el control del registro horario están incluidos los comerciales, temporales, trabajadores a distancia y “ todos aquellos que la prestación laboral no se realiza total o parcialmente, en el centro de trabajo de la empresa”.

¿Existen excepciones a esta norma?

Si, existen algunas excepciones en cuanto a la forma de realizar este registro horario como son las relaciones laborales de carácter especial, los trabajadores que tengan un régimen específico en materia de registro de jornada, como por ejemplo los trabajadores con contrato a tiempo parcial, los llamados trabajadores móviles (transporte por carretera, marina mercante y transfronterizos de transporte ferroviario). También los casos de teletrabajo tienen un criterio específico a la hora de realizar el registro horario.

¿Cómo se puede indicar el cumplimiento del registro horario?

No existe un medio en la norma para poder llevar el registro diario de la jornada, y solo habla de forma genérica debe llevarse día a día e incluir el momento de inicio y finalización de la jornada.

Por tanto, como establece el Ministerio de Trabajo, podrá ser válido cualquier sistema o medio, telemático o en papel y que no pueda ser modificable en ningún momento posterior.

¿Las pausas del bocadillo se deben registrar?

Es uno de los puntos más polémicos de esta normativa, ya que, de forma general, las pausas conocidas por el café, cigarrillo, bocata, que signifiquen una interrupción de la jornada de trabajo, no se consideran jornada efectiva.

Es polémico este punto ya que la normativa regula las horas de entrada y salida del trabajador pero no con los periodos de descanso, que en muchos casos tienen los empleados en sus empresas.

En la propia guía del Ministerio de Trabajo, habla de pausas convencionales, y pausas voluntarias, por el que es conveniente que la empresa lleve registrado “todo aquello que forme parte de la jornada, en especial lo relativo a pausas diarias obligatorias o convencionalmente previstas o voluntarias para permitir eludir la presunción de que todo el tiempo que media entre el inicio y finalización de jornada registrada constituye tiempo de trabajo efectivo”.

Por ejemplo, la hora del bocata o la comida, si viene así establecido convencionalmente, será tiempo de trabajo. Pero un cigarro, sería pausa voluntaria y por tanto no es tiempo de trabajo.

¿Y los desplazamientos, computan como tiempo de trabajo?

Es otro tema polémico. El Estatuto de los trabajadores establece que el tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

J. Sánchez de la Blanca

Hoy en día, las familias han cambiado sus estructuras tradicionales. De hecho, es muy común, que en nuestro círculo familiar o de amistades conozcamos parejas que conviven sin haber celebrado el matrimonio.

Y cada vez, existen nuevas formas de relaciones a las que el ordenamiento jurídico les otorga derechos y obligaciones. Por eso, es conveniente conocer qué tipo de regulación otorga nuestro legislador a estos casos.

Por ejemplo, nos encontramos con las parejas de hecho. ¿Pero sabemos que son?

Una pareja de hecho viene definido en nuestra legislación como aquella unión estable de convivencia entre dos personas no unidas por matrimonio.

Así, vemos que es una unión de dos personas, independientemente de su condición heterosexual u homosexual, con unos intereses para realizar una vida familiar y con una relación notoria y pública.

Al no existir un matrimonio, ¿Cómo se demuestra que son pareja de hecho?

La normativa no da un criterio concreto en este sentido por tanto pueden existir diversos documentos o pruebas que lo demuestren, como son:

  • La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho
  • Que tengan hijos en común, y por tanto un Libro de Familia
  • Capitulaciones paramatrimoniales y posibles declaraciones de convivencia que se realizan ante un Notario.
  • Contratos bancarios, privados y de arrendamientos.
  • Cartilla de la Seguridad Social, en donde se designe a uno de la pareja como beneficiario de las prestaciones.

Una pareja de hecho viene definido en nuestra legislación como aquella unión estable de convivencia entre dos personas no unidas por matrimonio

En una pareja de hecho, ¿Qué régimen económico rige?

Es una de las diferencias que existen con los matrimonios, ya que no rigen los regímenes económico matrimoniales, por tanto llegarán a pactos que entre la pareja estime por conveniente para el reparto de sus obligaciones y la titularidad de los bienes.

Dentro de estos pactos, es recomendable realizarlo por escrito, ya que pueden establecer un régimen parecido al de sociedad de gananciales. Así, los bienes que adquieran durante su convivencia pueden presumirse bienes comunes, puede existir la obligación de prestarse alimentos, irían en común las cargas e incluso si se extingue la convivencia, podría existir en algunos casos una pensión similar a la compensatoria.

¿Pero y si no han hecho ningún pacto económico?

En estos casos, lo menos recomendables, deberán acreditar todos los derechos y/u obligaciones. Por tanto, deberán tener todas las pruebas en cada uno de esos bienes o derechos que hayan mantenido durante su convivencia hasta la posible extinción de la relación.

¿Tienen derecho a pensión de viudedad?

Si, es la propia Seguridad Social, que establece las condiciones que han concurrir para que se tenga derecho a la pensión de viudedad por las parejas de hecho.

A parte de los requisitos necesarios para que la prestación sea concedida (contributivas y no contributivas), la normativa establece que deben concurrir los siguientes requisitos:

  • Se ha de justificar la convivencia de la pareja de hecho. Por tanto, pedirán la justificación de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, como mínimo dos años antes del fallecimiento. Y si no se inscribieron, se justificará una convivencia mínima de 5 años.
  • Que la pareja no tengan impedimentos legales para contraer matrimonio, ni tengan otro vínculo matrimonial con otra persona.
  • Los ingresos de la persona que sobrevive no hayan alcanzado durante el año natural al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y del fallecido.
  • Los ingresos de la persona que sobrevive sean inferiores a 1.5 veces del SMI.

¿Cuándo se extingue la pensión de viudedad?

En los casos que el beneficiario de la pensión, contraiga matrimonio, o si tiene una nueva relación de convivencia con otra persona, salvo si tiene más de 61 años, y si es menos de esta edad si tiene, entre otros casos, reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta, y que sea la principal fuente de ingresos del beneficiario.

¿Cómo afectan los seguros de vida a las parejas de hecho?

Este es un problema común en los derechos de vida, sobre todo, cuando existe una pareja de hecho. Normalmente, se establece en la póliza del seguro de vida como beneficiarios legales a los herederos, sin concretar nombres ni ninguna otra circunstancia.

Por eso es recomendable para evitar molestias y problemas en el futuro, incluir con nombres y apellidos a las personas beneficiarias en el seguro de vida, sobre todo, en los casos de parejas de hecho y de esta manera se agiliza el cobro de la posible indemnización.

En caso de extinción de la relación, evidentemente, deben cambiar a las personas beneficiarias de la póliza del seguro de vida.

Jesús Sánchez de la Blanca

Conforme a los últimos datos oficiales publicados por la Seguridad Social a noviembre de 2018, están afiliados al Régimen de Autónomos en Manzanares 1098 personas. Pues a todos ellos durante el año 2019 van a notar diferencias sustanciales en su régimen de Seguridad Social, debido a los acuerdos del Gobierno y distintas asociaciones de autónomos.

Entre otras cosas, verán un incremento de la base de cotización y por tanto una subida de la cuota como mínimo de 5.36 euros mensuales y de 6.89 euros para los autónomos societarios.

Pero a todo esto, también se ha incrementado el tipo de cotización siendo para este año el 30%, pero se ha previsto unas subidas hasta el año 2022 subiendo hasta el 31%.

¿Con la subida podrán tener algún beneficio los autónomos?

Si, en el acuerdo que hemos dicho anteriormente, los autónomos van a poder tener unas coberturas que les puede beneficiar, como son:

  • Una mejora en la cobertura de cese por actividad, flexibilizando las condiciones y la duración de esta prestación que, aunque sigue siendo más dura que los trabajadores en régimen general, se facilita un poco su acceso. Se aumenta el periodo de prestación pasando de 12 a 24 meses.
  • Pueden cobrar por la prestación de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de la baja.
  • En caso por enfermedad o incapacidad temporal, podrán dejar de pagar la cuota de autónomos a partir del segundo mes de baja.
  • Las mujeres que sean autónomas en caso de baja por maternidad, pueden obtener una cuota de 60 euros (tarifa plana) durante doce meses, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad.
  • Pueden acceder a una formación continua.

2019 trae una subida de la cuota como mínimo de 5.36 euros mensuales a los autónomos

¿La tarifa plana desaparece?

No, pero solo podemos decir que por ahora. Ha sido muy criticado por el actual Gobierno, indicando que no ha tenido un éxito rotundo y si ha tenido una falta de rentabilidad.

Por tanto, la vida de la tarifa plana tiene los días contados aunque durante este año seguirá existiendo pero eso sí, encareciendo el importe pasando de 50 euros a 60 euros, teniendo las coberturas de contingencias comunes y profesionales pero no tendrán las coberturas que tienen los autónomos normales de cese de actividad y formación.

Se ha hablado mucho durante los últimos meses que la cotización de los autónomos se iban a regir por los ingresos reales, ¿Va a ser así?

No, debido a la complejidad del asunto, ha quedado aplazada la decisión hasta realizar un estudio completo del tema, pero si parece que el sistema de cotización del autónomo en un espacio breve de tiempo va a ser fundamental para el cálculo de las cuotas.

Me quiero dar de alta como autónomo pero no me aclaro con las coberturas sociales que tendría

Cuando se paga la cuota de autónomo se calcula en base a un tipo de cotización aplicada a una base de cotización. Este tipo de cotización, como hemos dicho, para el año 2019 es del 30%

De esta manera, se cubren unas series de coberturas comunes y profesionales. En las comunes nos encontramos la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes. Mientras que en las profesionales nos encontramos la contingencia por incapacidad temporal, la incapacidad permanente, muerte y supervivencia, contingencia por cese de actividad y la contingencia de formación.

Sí me doy de alta, ¿de forma obligatoria tengo que pagar por esas contingencias sociales en mi cupón de autónomo?

Por ley, hay algunas excepciones dependiendo del tipo de actividad o el tipo de autónomo, por ejemplo, no estarían obligados a cotizar por determinadas coberturas que hemos visto anteriormente, en los siguientes casos:

  • Los religiosos de la Iglesia Católica
  • Los autónomos económicamente dependientes
  • Los autónomos que estén en jubilación parcial o tengan tarifa plana
  • Los autónomos incluidos en el Régimen Especial Agrario.

¿Quién gestiona las contingencias profesionales?

Una de las novedades a tener en cuenta por parte de los autónomos durante el año 2019 es que este tipo de coberturas profesionales estarán gestionadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y que por tanto se establece un plazo para realizar el cambio. Por tanto es conveniente tenerlo apuntado para no incurrir en problemas.

J.I. Sánchez de la Blanca

Menudo lío que tenemos con el impuesto de las hipotecas, más reacciones que ni en las peores películas de sobremesa de los fines de semana. Este año llevamos tres resoluciones sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Tres resoluciones con soluciones diferentes y por tanto creando una “inseguridad jurídica” que en un país “serio” como el nuestro, no debía de producirse.

Todo empezó el día 28 de febrero de este año, siguiendo los criterios desde el año del nacimiento de este impuesto, la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció que es el cliente quien debe sufragar el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimonial y Actos Jurídicos Documentados. Aunque eso sí, establecía que algunos gastos, debían ir por partes iguales, como los documentos notariales…

Todo marchaba con relativa tranquilidad, pero si bien es cierto, sabiendo que todos estábamos esperando a una fecha, que era octubre. Sabíamos que había una sentencia que iba a salir pero no imaginamos  por dónde se fallaría. Llegamos a la fecha de 18 de octubre en el que esta doctrina se derrumba, creando una marejada judicial sin precedentes en España. En este caso, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cambió la interpretación por la que las entidades financieras son las que deben pagar el impuesto sobre las hipotecas.

Como sabemos, hubo momentos de incertidumbre, no solo en las propias entidades financieras, sino en las administraciones autonómicas, ya que son ellas las receptoras del impuesto y serían ellas las que debían de devolver el dinero a los clientes por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, y posteriormente requerir a la entidad financiera el pago. Pero eso sí, siempre y cuando que el procedimiento no hubiera prescrito, que como saben el plazo máximo para reclamar la administración tributaria es de cuatro años. Por tanto, existía un riesgo real de crear un agujero en los presupuestos autonómicos considerable, y por ende, a los presupuestos del Estado.

Con toda esta presión, bursátil, social, política, empresarial y judicial, el Tribunal Supremo, paralizó la sentencia para revisarla en un pleno que se celebró durante los días 5 y 6 de noviembre. El Supremo, volvió a cambiar al criterio original, por el cual, el cliente es el que asume el importe del impuesto.

A todo esto, el 8 de noviembre un nuevo Real Decreto del Gobierno, aprueba que el pago del impuesto recaerá, otra vez en los Bancos y a su vez, no podrán deducírselo en sus impuestos de sociedades.

Y para inri, las comunidades autónomas que son las receptoras de estos impuestos, al comprobar que serán los bancos los sujetos pasivos de los impuestos, están planteando eliminar las bonificaciones existentes.

Todo esto ha sido el relato de unas decisiones judiciales y políticas, dando una imagen atropellada y de incertidumbre. Pero ahora vamos a ver con más detalle este impuesto y en qué puede afectar esta situación.

Lo más probable es que los gastos hipotecarios se encarezcan aún más

Debemos empezar por el principio, ¿Qué es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados?

Este impuesto es competencia de las comunidades autónomas, y el tipo de gravamen va en función de las mismas, así podemos encontrar unas diferencias entre autonomías de entre el 0.5 al 1.5 por ciento del importe de la hipoteca.

¿Cuándo el banco, hasta ahora pedía una provisión de fondos para los gastos de la hipoteca, para qué era?

El banco cuando pide la provisión de fondos es para pagar, entre otros gastos como Notaría, Registro de la Propiedad, Gestoría, pero también paga en nombre del cliente este Impuesto. Por tanto, lo paga a la Comunidad Autónoma competente y no forma parte de sus ingresos bancarios.

¿Siempre ha sido así, que el impuesto lo paga el cliente?

El impuesto fue creado en 1995, y desde entonces, siempre ha existido esta obligación de pago por parte del cliente. Hasta este año, en octubre que todo ha cambiado.

¿Pero qué ha pasado para cambiar un criterio que viene desde el año 1995?

El cambio se ha debido a que el Tribunal Supremo, estima que el máximo favorecido de una hipoteca es el banco y que por esa razón debe pagar el impuesto.

¿El periplo judicial ha terminado?

Ni mucho menos, ya que se ha anunciado recurso.

¿Subirán los gastos de la constitución de la hipoteca?

Mucho me temo que sí, ya que es un gasto no deducible para las entidades financieras. Éstas, como es su obligación con sus accionistas, buscarán distintas formas jurídicas y económicas por la cual disminuyan ese impacto económico en sus cuentas, e incluso conseguir un mayor margen de beneficio que hasta ahora no lo contemplaban, como puede ser, una variación de los tipos de interés, aumento de comisiones….