Por Jesús Isidro Sánchez de la Blanca

Dice así la memoria justificativa del Catálogo de Bienes Protegidos de Manzanares: “se pretende regular la ejecución de obras o posibles intervenciones en las construcciones, conjuntos, u otro tipo de espacios cuya alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos que […] hayan de ser objeto de protección específica”

La Constitución en su artículo 46 establece que la protección del patrimonio histórico es un interés jurídico.

¿Y la posición de los propietarios? Sus derechos e intereses se ven afectados y limitados. En concreto una restricción de parte del contenido del derecho de propiedad. Y por supuesto, recayendo sobre ellos la mayor parte de los deberes de protección del patrimonio histórico.

El patrimonio debe protegerse en beneficio de la sociedad. Pero cuando a los propietarios les limitan derechos, establecen injerencias en la libertad de disponer su propiedad privada y establecen mas cargas que al resto de propietarios de otros bienes debe primar el principio de solidaridad por parte de la sociedad resarciendo esas imposiciones y pérdida de derechos. El propietario no debe soportarlo solo, la sociedad que es la máxima beneficiaria debe contribuir.

El establecimiento de limitaciones e imposiciones de cargas debe hacerse con solidaridad y proporcionalidad administrativa y tributaria. Todo adecuándose en un justo equilibrio entre el interés general y la obligación de proteger el patrimonio histórico y por otro lado el derecho fundamental que tienen los individuos al respeto de derechos y bienes, establecido en la Constitución y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

El Catálogo de Bienes, otorga facultades públicas amplísimas para proteger el patrimonio histórico en detrimento de facultades propias del propietario. Ese justo equilibrio así regulado, no se está dando como debiera.

Sí un propietario ve limitado parte del contenido esencial de su dominio y por ende parte de su derecho de propiedad precisa compensación, conforme con el principio de proporcionalidad de la actividad administrativa y contando como base el justo equilibrio, como así establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de enero del 2000 en el caso Beyeler contra el estado italiano.

 

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