Por Diego R. Gallego Fdez-Pacheco

Las campañas de recolección de ajos, melones, uva, precisan en nuestra región de unos 20.000 temporeros. Mano de obra imprescindible para un trabajo en el campo muy duro, en el que cada vez un menor número de personas de aquí están dispuestas a participar.

Vienen todos los años, no es algo que nos suponga una novedad, y sin embargo, un porcentaje muy importante, no encuentra unas condiciones de trabajo y alojamiento que puedan considerarse dignas.

Malviven hacinados en naves sin las dotaciones mínimas de salubridad, en casas abandonadas, a merced de intermediarios que los ofrecen a empresarios agrícolas, quedándose con una gran parte de su salario.

Este año, a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus, están teniendo mayor visibilidad y las autoridades están prestando mayor atención a este colectivo, por el riesgo de contagio que entraña sus precarias condiciones de vida y sus desplazamientos en furgones abarrotados a los lugares de trabajo.

Parece razonable y exigible una intervención conjunta de Gobierno autonómico, municipios afectados y empresarios agrícolas, destinada a poner orden en esta vergüenza generalizada que mantiene en condiciones muy parecidas a un tipo de esclavitud, a personas que se desplazan a realizar unas labores imprescindibles para la economía de nuestra región.

No es admisible mirar, como se ha hecho hasta ahora, para otro lado, todos saben cual es la situación de este colectivo, cuando van a venir, cuando van a marchar a otra zona, los abusos que sufren, la carencia de asentamientos dignos, o la falta de referencia en los convenios del campo a que se faciliten alojamientos y desplazamientos decentes.

El miedo a los temidos brotes de coronavirus, con los antecedentes de Lérida y Aragón, ha hecho que desde la Junta de Comunidades se tomen algunas medidas de control, novedosas y positivas, pero insuficientes. Es necesario prever alojamientos colectivos dotados de aseos y duchas, tener garantías de que los salarios llegan íntegros a los trabajadores, y que las jornadas laborales se desarrollen conforme a lo establecido legalmente.

Es cierto reconocer que un porcentaje significativo de empresarios agrícolas, cumplen con la legalidad, y tratan decentemente a sus empleados, pero todavía un gran número de temporeros viven situaciones que pueden considerarse como propias de la esclavitud que creíamos ya erradicada en este siglo XXI. Las asociaciones y ONGs que se preocupan por este problema, desde hace bastantes años, vienen denunciando esta situación, sin que haya habido reacciones ni se hayan tomado medidas eficaces para combatirla. Esperemos que sea algo que cambie en la llamada “nueva normalidad”.

 

 

 

 

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