Diego R. Gallego Fdez.-Pacheco

Una de las consecuencias de la crisis de 2008, de la que no se ha hablado demasiado, ha sido la disminución radical de la construcción de vivienda social, en sus modalidades de Promoción Pública (VPP), o de Promoción Privada (VPO).

Desde la década de los 50 del siglo pasado hasta el año 2008 se construían anualmente muchas de estas viviendas destinadas a personas o familias con una renta muy baja. En Manzanares se venían haciendo entre 50 y 100 viviendas en este régimen cada año. Se beneficiaban aquellos que no podían acceder a una vivienda en régimen libre, donde no había ayudas ni posibilidad de conseguir un préstamo hipotecario a un interés reducido.      

Los recortes, las políticas de austeridad, y la dificultad de conseguir financiación al limitarse los créditos hipotecarios, motivaron que las Administraciones Públicas cancelasen o redujeran de forma drástica sus programas de construcción de viviendas sociales y las ayudas y subvenciones a las VPO.

En estos momentos, en los que hay tanta necesidad de vivienda social, para jóvenes y familias con bajo poder adquisitivo, los excesivamente burocráticos planes estatales y autonómicos han quedado obsoletos y prácticamente no dan respuesta ni a la construcción de viviendas protegidas para venta, ni tampoco para construir viviendas para alquiler. Si se acomete alguna nueva promoción privada, es de viviendas libres, y los ayuntamientos y la Junta de Comunidades tampoco se deciden a actuar.

Las ayudas directas a las personas o a las familias para alquiler, podría ser un revulsivo que dinamizase el sector inmobiliario, solucionando el problema de muchas familias que con los precios que se manejan en el mercado tienen muy difícil el acceder a una vivienda en condiciones dignas. Además el alquiler facilita la movilidad, posibilitando que al cambiar de trabajo, se pueda también cambiar de vivienda para vivir lo más próximo posible al lugar de trabajo y evitar los desplazamientos excesivos. Asimismo, la modalidad de las ayudas oficiales a personas o familias para alquilar una vivienda, con un contrato supervisado por alguna administración, probablemente fomentaría el que muchos propietarios reacios al alquiler por desconfianza hacia los inquilinos, al tener un cierto aval oficial fuesen más proclives a sacar sus inmuebles al mercado de alquiler.

Lo que no es admisible es la pasividad que las administraciones mantienen desde hace ya demasiados años. A ellas les corresponde tomar la iniciativa y promover las condiciones necesarias para que no haya personas sin hogar, o sin opción a disfrutar de una vivienda adecuada. El derecho a la vivienda está amparado por la Constitución, en su artículo 47, y cada vez es mayor el número de personas que están excluidas de poder ejercerlo.

 

                       

                                                                       

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